El Consejo de Ministros aprobó esta semana el Proyecto de Ley de Creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El texto ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura, pero la convocatoria de elecciones frenó su camino hacia la entrada en vigor. Ahora empieza otra vez su tramitación parlamentaria, incluyendo los principales cambios introducidos en el Congreso de los Diputados.

La Autoridad de Defensa del Cliente permitirá canalizar las reclamaciones de los clientes de forma gratuita en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo, centralizando los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la DGSFP.

El texto que ha llegado a la sede parlamentaria incluye la posibilidad de que las partes puedan someterse voluntariamente una vez iniciado el procedimiento a un mecanismo de conciliación y arbitraje.

Los clientes podrán presentar reclamaciones ante la Autoridad por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como por cláusulas abusivas. La resolución se formulará en un plazo no superior a 90 días naturales.