Los presupuestos del Gobierno para 2022 confirma la intención del ejecutivo de Pedro Sánchez de apostar por los planes de pensiones de empresa en detrimento de los planes individuales que son los más extendidos. El objetivo es que en diez años el 48% de la población tenga uno de estos planes.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, confirma en el anteproyecto de presupuestos de 2022 el giro iniciado por el Gobierno en 2021 cuando se redujo la reducción fiscal para los planes de pensiones individuales y se aumento la de los colectivos.

Ahora esta medida se complementa ahora con una nueva reducción de la desgravación de los planes individuales, que pasará a ser de 1.500 euros anuales, y un incremento de los colectivos que alcanzarán los 8.500 euros anuales de deducción. Paralelamente, los autónomos, alcanzan los 5.750 euros al año de aportación máxima.

La decisión del equipo de Escrivá pretende darle la vuelta a la situación actual del mercado. Actualmente, los planes de pensiones individuales son los más exitosos, mientras que solo un 10% de los trabajadores tienen un plan colectivo. Los cambios introducidos por el Gobierno pretenden que dentro de 10 años el 48% de la población tenga un plan de pensiones de empresa.

Al margen de la fiscalidad, el Gobierno quiere simplificar los trámites para constituir un plan de pensiones colectivo y bajar las comisiones. En este nuevo modelo, que se espera que pueda entrar en vigor en junio del próximo año, el ejecutivo actuará como promotor del plan que será gestionado por entidades privadas previo concurso.

Faltan todavía algunos detalles, al margen de posibles cambios en el proceso de aprobación de los presupuestos, pero el Ministerio ha anunciado que la gobernanza de este nuevo modelo recaerá en una comisión de control en la que la mayoría de sus miembros estarán nombrados por la Administración, mientras que la patronal y los sindicatos tendrán presencia a partes iguales. Los agentes sociales ya han hecho público su disgusto con este reparto.