La noticia sobre la nueva tasa por las reclamaciones de usuario que prepara el Ministerio de Economía ha abierto la caja de los truenos y ha generado las críticas de los mediadores de seguros. En un comunicado oficial, el Consejo General ha calificado esta propuesta en “un nuevo despropósito que perjudica a los pequeños negocios y disparará las quejas al margen de su veracidad”.

Esta medida está vinculada a la actividad que desarrollará la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero y Asegurador, ante la que los usuarios presentarán sus reclamaciones. La propuesta del Gobierno supondrá, en el caso de que acabe por aprobarse, que el mediador afronte un pago de 250 euros por cada reclamación que le afecte y presente ante el organismo que unificará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, CNMV y DGSFP.

En opinión del Consejo General “establecer una tasa de 250 euros por cada reclamación que reciba un mediador, independientemente de su resolución, es una nueva forma de gravar la actividad de agencias y corredurías, aunque el importe lo abone la aseguradora”.

Para los mediadores, “la mejor forma de proteger al usuario es mediante penalizaciones a las malas prácticas después de demostrar fehacientemente que el mediador ha incurrido en ellas”. En ningún caso, “a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la veracidad o no de la denuncia”.

El órgano que agrupa a los colegios de mediadores asegura en su nota que “es una paradoja que la Administración sea incapaz de perseguir las infracciones graves a la Ley de Seguros y de la Competencia, que afectan a todo el sector, y ponga especial cuidado en gravar la presentación de una reclamación”.

“Estamos, afirma el Consejo General, ante una nueva carga a la empresa de mediación sugerida por teóricos que desconocen la casuística del negocio, pero que tienen una extrema habilidad en explicar cómo tienen que hacerse la cosas”.